A usucapião extrajudicial ou administrativa como instrumento da regularização fundiária: garantindo o acesso ao direito humano e fundamental à moradia adequada

Abstract

El presente trabajo analiza la usucapión extrajudicial o administrativa como instrumento de regularización fundiaria y de efectivización del derecho humano y fundamental a la vivienda adecuada, en el contexto del movimiento de desjudicialización del sistema de justicia brasileño. Se parte de una comprensión ampliada del acceso a la justicia, entendida no solo como acceso al Poder Judicial, sino como la obtención de tutela jurídica efectiva mediante mecanismos institucionales adecuados, ágiles y socialmente eficientes. Se adopta el método deductivo, con enfoque cualitativo, a partir de una investigación bibliográfica, legislativa y documental, examinando la evolución histórica y normativa de la usucapión extrajudicial, especialmente desde el Código de Proceso Civil de 2015 y su reglamentación por el Provimiento n.º 65/2017 del Consejo Nacional de Justicia. El análisis también se apoya en la teoría del acceso a la justicia de Mauro Cappelletti y Bryant Garth, así como en la literatura sobre desjudicialización y regularización fundiaria urbana. Los resultados indican que la usucapión extrajudicial constituye un mecanismo eficiente de reconocimiento de la adquisición originaria de la propiedad, al transferir al ámbito extrajudicial procedimientos tradicionalmente sometidos al Poder Judicial, sin perjuicio de las garantías constitucionales del contradictorio, de la amplia publicidad y del control jurisdiccional. Asimismo, se verifica que el instituto contribuye a la reducción de la litigiosidad, al fortalecimiento de la función social de la propiedad y a la efectivización de políticas públicas de regularización fundiaria, especialmente en el marco de la Regularización Fundiaria Urbana (REURB). Se concluye que la usucapión extrajudicial constituye un importante instrumento de inclusión jurídica y social, al posibilitar la titulación de posesiones consolidadas y promover una mayor seguridad jurídica, contribuyendo a la concretización del derecho fundamental a la vivienda adecuada y a la construcción de un sistema de justicia más accesible, eficiente y compatible con los principios del Estado Democrático de Derecho.