Entre direitos fundamentais e justiça socioambiental: o direito à saúde mental de refugiados ambientais no Brasil sob a ótica do Sistema Interamericano de Direitos Humanos

Abstract

En el contexto del Antropoceno, la intensificación de los desastres socioambientales y de los cambios climáticos ha provocado el desplazamiento forzado de poblaciones vulnerables, generando rupturas territoriales, comunitarias e identitarias que producen profundos impactos psicosociales, aún ampliamente invisibilizados por las políticas públicas y por el marco normativo brasileño. Ante este escenario, la presente disertación tiene como objetivo general investigar en qué medida el derecho a la salud mental de los refugiados ambientales es reconocido y protegido por el Estado brasileño, así como analizar la compatibilidad de este aparato jurídico-institucional con las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito del SIDH. De manera específica, se busca examinar el empleo de terminologías y conceptos correlatos a los “refugiados ambientales” en el aparato normativo brasileño; identificar la existencia de normativas y directrices orientadas a la salud mental en contextos de desplazamiento ambiental forzado; examinar la actuación estatal a partir del estudio de caso del rompimiento de la represa de Fundão, en Mariana (MG); y confrontar la práctica brasileña con los parámetros interamericanos, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la teoría de la justicia tridimensional de Nancy Fraser. La investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en el análisis bibliográfico y documental. Los resultados evidencian la inexistencia de un marco normativo específico que reconozca al refugiado ambiental como categoría jurídica en Brasil, lo que contribuye a la invisibilidad institucional de estas poblaciones y a la ausencia de protocolos propios de atención psicosocial. En el caso de Mariana, se identificó además una omisión estatal relevante, caracterizada por la delegación de la atención en salud mental a fundaciones privadas financiadas por las empresas responsables del desastre, generando conflictos de interés y procesos de revictimización. A la luz del SIDH, se concluye que la ausencia de medidas estatales específicas dirigidas a la salud mental de los refugiados ambientales viola el deber de garantía previsto en la Convención Americana, exponiendo al Estado brasileño a un riesgo de responsabilización internacional. Por último, se sostiene la necesidad de la creación de un estatuto jurídico propio para el reconocimiento de los refugiados ambientales en el ordenamiento brasileño y la pertinencia de la solicitud de una opinión consultiva a la CIDH, como forma de densificar las obligaciones estatales y fortalecer la tutela jurídica de la salud mental en contextos de desplazamiento ambiental forzado.